After seven articles on the results of the European elections in Hungary, Romania, Greece, Italy, and France, the Nordic countries (Sweden, Denmark, and Finland) and Poland we continue our series with an article in Spanish by our comrades of the Grupo de Independencia Obrera (GIO-Group for Workers' Independence) of the Spanish state.
En España, los trabajadores han asistido a un largo encadenamiento de procesos electorales que tuvieron su origen en el exitoso voto de censura encabezado por el dirigente socialista Pedro Sánchez y su partido contra el presidente del gobierno Mariano Rajoy del Partido Popular en 2018. La caída de Rajoy fue el resultado de la incapacidad por dar una salida política a la crisis de Cataluña de un lado y la profunda corrupción del partido de gobierno ventilada todos los días en los juzgados. El que sigue es un balance del periodo electoral detonado por esa situación hasta la última convocatoria electoral del pasado mes de mayo.
Las elecciones del 26 de mayo (26M) culminaron un largo proceso, consecuencia de la caída del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) por falta de apoyo para aprobar los presupuestos generales del estado. La crisis de los presupuestos fue desencadenada por la negativa de los partidos nacionalistas catalanes a apoyar la propuesta oficial. Esta oposición derrumbó el frente entre independentistas catalanes, el PNV vasco, y Podemos, que permitió el éxito del voto de censura que derribó al Gobierno del Partido Popular 8 meses antes, en medio de escándalos de corrupción y de la incapacidad por dar una salida orgánica a la crisis en Cataluña.
El “régimen de la transición”, surgido después de la muerte del dictador Francisco Franco, y que se plasmó en la constitución española de 1978 muestra profundas grietas provocadas por la crisis de los dos partidos pilares de ese régimen, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el Partido Popular (PP). La profunda crisis económica internacional y su efecto en España, la lucha en Cataluña por la autodeterminación, los casos de corrupción en los principales partidos, incluidos los nacionalistas, el desprestigio y crisis en la monarquía que obligó a renunciar al rey y dejar el puesto a su hijo Felipe, son manifestaciones de una crisis de régimen rodeada de un creciente descontento popular por los ajustes, los recortes, la política represiva, y los ataques a los derechos sociales, con un recrudecimiento de la crisis económica.
El primer acontecimiento en este proceso fueron las elecciones en Andalucía el 2 de diciembre (2D), una comunidad gobernada por el PSOE durante más de 30 años. Mientras que el socialista fue el partido más votado, una alianza de los partidos de la derecha, PP, C's (Ciudadanos) y la organización de ultraderecha VOX, desalojó al PSOE del Gobierno Autonómico con una mayoría necesaria. Sin embargo, en cantidad de votos, la suma de la derecha no superó a los votantes tradicionales del PP. Es decir que los votos de la derecha esta vez se repartieron entre esos tres partidos, pero no crecieron. Por el contrario, la izquierda sufrió los efectos de una brutal abstención -solo votó el 58,5% del padrón- como castigo por el relegamiento de las reivindicaciones de los trabajadores, y los recortes sociales. PSOE y AA (Adelante Andalucía: Podemos más Izquierda Unida) perdieron 700.000 votos con respecto a las elecciones anteriores. Hay que señalar que Andalucía es una de las comunidades más grandes y más pobladas, pero que a la vez tiene más desocupación y pobreza. El gobierno del PSOE en Andalucía llevó adelante la misma política de recortes y ajuste que los gobiernos del PP a escala nacional. Al mismo tiempo, AA siguió una política de apoyo al PSOE, con el argumento de frenar a la derecha y sufrió un gran retroceso electoral.
Las elecciones posteriores del 28 de abril (28A), fueron para elegir diputados y senadores, es decir las generales para la formación de Gobierno. El resultado fue una fuerte polarización entre el PSOE y los partidos de la derecha. Ante la amenaza de un gobierno de la derecha con el apoyo de VOX, se registró una fuerte participación electoral (75,79%) y una gran movilización de la izquierda que se inclinó por el “voto útil” otorgando la mayoría a los socialistas. El PSOE fue favorecido por la campaña de Unidas Podemos, que pidió el voto con el objetivo de forzar la entrada en un gobierno de coalición “para garantizar una política de izquierda” por parte del PSOE y en contra de la derecha. El resultado fue que sus propios votantes apoyaron directamente a los socialistas. Por añadidura, algunos partidos que se reclaman de la izquierda marxista, detrás de la idea del “mal menor” y del frente antifascista, llamaron a votar a los socialistas. Es decir que los trabajadores y las clases medias empobrecidas salieron a respaldar al PSOE contra la amenaza de la derecha. Los socialistas pasaron de 85 a 123 diputados, aunque su recuperación no llega a sus cifras históricas. Mientras, la alianza Unidas Podemos (Izquierda Unida más Podemos) perdió más de un millón de votos por su seguidismo al socialismo. En tanto la ultraderechista VOX no cumplió con sus expectativas, aunque logró el 10,3 % de los votos.
Finalmente, el 26 de mayo se realizaron las elecciones que corresponden a las autonomías y ayuntamientos, conjuntamente con las europeas. En los ayuntamientos y autonomías el PSOE mejoró sus resultados respecto a las elecciones anteriores, pero en general no logró mayoría absoluta y se verá obligado a realizar alianzas para poder gobernar. Por su parte la ultraderecha tampoco logró los votos que le auguraban los pronósticos y bajó del 10,3% de las generales al 6%. La alianza de los partidos de derecha, pese a que sacó menos votos que en las elecciones anteriores, consiguió arrebatarle al PSOE algunas posiciones importantes como la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
Los grandes derrotados, nuevamente, han sido Unidas Podemos y los “gobiernos del cambio” de los ayuntamientos, que había logrado esa fuerza en elecciones pasadas, y que se desplomaron estrepitosamente. Sólo mantienen los ayuntamientos de Cádiz y de Valencia, perdiendo los de Zaragoza, A Coruña y Santiago de Compostela.
En Cataluña y en el País Vasco triunfaron los partidos independentistas, mientras que la alianza derechista virtualmente desapareció electoralmente hablando, en ambas regiones.
El panorama pos electoral es de un fortalecimiento del PSOE, aunque lo conseguido no le permite gobernar sin alianzas y en algunos casos importantes, como Madrid, aunque haya logrado más votos ha perdido frente a la alianza de la derecha. Por su parte, el descalabro de Unidas Podemos ha llevado a esa coalición a una crisis terminal, con renuncias masivas y “pedidos de cabezas”.
Aún está por verse, en la danza de las negociaciones, como se aliarán finalmente los distintos partidos para lograr formar gobierno en los ayuntamientos y en España.
El balance, en resumen, es el desplome de la derecha tradicional: el PP, parte de cuyos votos han pasado a Ciudadanos y VOX, y la suma de los votos de los tres partidos de la derecha se ha mantenido prácticamente en los números históricos. La expectativa de que Ciudadanos pasaría al frente de esa alianza de derecha ha quedado frustrada. El otro dato importante es también la vertiginosa caída de la izquierda de Unidas Podemos y los gobiernos “del cambio”, perdiendo importantes ayuntamientos como Madrid, Barcelona y Zaragoza y manteniendo los de Cádiz y Valencia. Otro dato es la aparición con cierta fuerza de la ultraderecha aunque no en la magnitud que se esperaba, incluso retrocediendo en las últimas elecciones.
En Cataluña y en el país Vasco, los partidos independentistas han logrado un importante avance, lo que agudiza la crisis territorial y profundiza la crisis del régimen. El panorama indica que, aunque el PSOE ha ganado, no recuperó sus porcentajes históricos y no logró mayorías absolutas salvo en dos comunidades, lo que lo obliga a pactos con distintas fuerzas. Este escenario, lejos de cerrar las grietas las profundiza, ya que la aspiración de un gobierno fuerte de mayoría absoluta no es posible. Esto se repite en gran parte de las comunidades y ayuntamientos, lo que abre un panorama de inestabilidad política, en medio de una economía en retroceso arrastrada por la crisis europea y mundial, que anuncia más despidos y recortes sociales.
La semana pasada el jefe del estado, el rey Felipe, inició la ronda de contactos con los dirigentes políticos. Esta ceremonia a la que se da poca trascendencia, es en realidad la expresión acabada de quién organiza y determina en última instancia el juego parlamentario y sus límites. El rey ha encargado al candidato más votado que forme Gobierno. Pero no cabe la menor duda que en presencia de una crisis social aguda el “encargo” sería para otro… sin exclusiones. Nada impide al jefe del estado y jefe de los ejércitos de España, encomendar la formación de gobierno a un atajo de fascistas si lo cree conveniente. El Tribunal Supremo suspendió la semana pasada la exhumación de los restos de Francisco Franco y afirmó que la momia había sido jefe de estado desde julio de 1936 hasta su muerte en 1975. Es decir que, de hecho, ese Supremo consideró a Franco jefe del estado español cuando el Gobierno constitucional de la República -contra el cual se alzaron los militares- se defendía de la agresión combinada del ejército español, el alemán y el italiano. La derecha en España, por más que salga mal parada en unas elecciones, tiene en la principales instituciones del estado una garantía de superviviencia. La reivindicación del régimen republicano que hacen los partidos pequeño burgueses españoles como Esquerra Republicana de Catalunya o Unidas Podemos ya ni siquiera es testimonial, es una burda caricatura. Vale la pena recordar que esos son los jueces que juzgan a los dirigentes políticos y sociales catalanes acusados de sedición. En este panorama de tutelaje judicial de la sociedad y fragmentación política, los partidos se abocan a las negociaciones para formar el nuevo gobierno bajo la atenta mirada del rey.
Mientras tanto, en las elecciones europeas el PSOE subió de 14 a 20 escaños mientras el PP perdió 2, Cs logró 2 más, y UP subió 1; los partidos independentistas catalanes lograron 5 escaños: uno de ellos corresponde a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, perseguido por la justicia española, y Oriol Junqueras, preso a raíz del referéndum en Cataluña del 1º de octubre, con lo que el “tema catalán” subirá al parlamento europeo.
Las dos principales centrales sindicales, CCOO y UGT, al igual que la izquierda institucional, mantienen el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, paralizando las luchas, y desviándolas hacia el apoyo al PSOE. Los colectivos en lucha, que habían mantenido una tregua alimentada en las ilusiones parlamentarias en un gobierno “progresista” del PSOE, tendrán que volver a las calles a defender sus reclamos. La crisis del régimen no logra cerrarse y los distintos pasos en ese sentido no han hecho más que acentuar su profundización. En la primera semana de junio, la prensa ha desvelado que el futuro Gobierno socialista prepara una ofensiva contra los trabajadores y el sistema de pensiones, recogida en sus propuestas a la UE.
Tanto las promesas de la izquierda del régimen, como las de la derecha, tendrán que aterrizar en una dura realidad económica para gobernar, lo que producirá nuevos enfrentamientos y movilizaciones. El objetivo de la ultraderecha será el de prosperar a expensas de los ataques que el gobierno socialista prepara contra las conquistas de los trabajadores. Para ello agitará los viejos fantasmas de la inmigración y el desempleo. Frente a esto, el papel de la izquierda revolucionaria es desenmascarar a la izquierda institucional PSOE-Unidas Podemos, y su función de “correa de transmisión” de los intereses de la burguesía. Esta política de diferenciación debe estar unida a la organización política de los trabajadores en forma independiente de la burguesía, en un partido obrero con un programa de combate. El otro frente en el que el marxismo revolucionario se debe diferenciar, es el del independentismo que desarma políticamente a los trabajadores. El objetivo debe ser la defensa de la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco mediante la lucha por una asamblea constituyente en favor de una federación de repúblicas socialistas Ibéricas. Hay que sacar el balance de este proceso electoral y prepararse para los enfrentamientos que se avecinan.
Desde el Grupo de Independencia Obrera (GIO), de reciente formación, venimos dando la batalla por la construcción de un frente de trabajadores, independiente de las salidas capitalistas, que sea una alternativa política frente a las izquierdas que sostienen al régimen. En estas elecciones el GIO llamó al voto en blanco ya que no aparecía en el panorama político una fuerza que expresara una posición independiente o de ruptura con los partidos de la burguesía.