El 11 de septiembre se celebró el día nacional de Cataluña. El acto reivindicativo convocado en Barcelona debía ser una prueba del estado de ánimo de la población catalana después de muchos meses de debates, tensiones políticas y una abierta crisis institucional del Estado. Muchos comentaristas en Madrid preveían menor participación que en los dos años anteriores: las dos entidades sociales convocantes y las fuerzas políticas a favor de la consulta del 9 de noviembre no habrían podido contrarrestar el cansancio popular, la firmeza del gobierno de Mariano Rajoy yla desconfianza hacia las élites políticas. El último factor se habría acentuado unos meses antes, cuando Jordi Pujol -presidente de la Generalitat de Catalunya entre 1980 y 2003, símbolo del catalanismo moderado-confesótener dinero no declarado en una cuenta en el extranjero.
Se trataba, claro está, de un deseo más que de un pronóstico. Un deseo completamente frustrado: cientos de miles de personas llenaron las dos principales vías de la ciudad formando un gigantesco mosaico con los colores de la bandera catalana. La V de votar, la V de victoria.
Casi cuarenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco y del inicio del proceso de recomposición del estado burgués, el problema nacional no solo persiste, sino que ha tomado un carácter explosivo.
La cuestión nacional en el Estado español
La unidad estatal temprana de los territorios de la Península Ibérica nunca quedó zanjada. Si solo a partir de la primera década del siglo XIX -con la guerra contra la ocupación francesa y el posterior desarrollo de la revolución burguesa contra el absolutismo-se puede hablar de construcción nacional moderna, también es cierto que su crisis comienza muy pronto. La pérdida de las últimas colonias en 1898, la aceleración de la industrialización y la constitución de poderosas burguesías en Cataluña y en el País Vasco puso en cuestión una obra inacaba. La acumulación de capital y la formación de un mercado interno capitalista creó una economía desigual: en el interior y el sur del país, las clases propietarias tradicionales habían salido beneficiadas de la concentración agraria y mantenían una economía anacrónica, con un proletariado agrícola pobre; en la periferia, el comercio, la industria y la formación del capital financiero crearon zonas de desarrollo capitalista avanzado. Madrid se convirtió en el centro burocráticode un régimen monárquico y conservador.
La “débil nacionalización” de la que hablan los historiadores se explica por un aspecto más: la existencia de lenguas y culturas diversas. El español (o castellano) fue el idioma oficial y el indiscutido medio de expresión de las élites y los funcionarios desde la unificación de los reinos medievales en los siglos XV y XVI. El catalán deja entonces de ser la lengua de prestigio y de la cultura escrita. Al otro lado de la península, en las costas del Atlántico, las áreas de lengua gallega sufrieron las consecuencias de la separación de Portugal del proceso de construcción estatal. En Galicia, como en el País Vasco, la cultura en la lengua propia no encontró el desarrollo urbano y demográfico necesario para la creación de un sistema cultural moderno.
Precisamente Cataluña y el País Vasco fueron las zonas de mayor industrialización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si bien la burguesía industrial y financiera vasca se integró en gran medida en el bloque de poder estatal burgués -dominado por los intereses agrícolas y bancarios de la oligarquía predominantemente castellana- el encaje de los capitalistas catalanes fue más difícil. En España tenían un mercado, pero su inserción en el bloque hegemónico fue más conflictiva.
Esos años fueron decisivos: pérdida del mercado colonial, repatriación de capitales, formación de una clase obrera moderna, estabilización del sistema financiero. Había llegado el momento de la concentración de fuerzas en Cataluña y la burguesía catalana no la rehuyó. Frente al retrasado capitalismo español y su sistema políticocentralista, paralizado y corrupto, levantó la bandera del catalanismo. Reclamó instituciones regionales, afirmó su fortaleza para tratar con la admistración central, reconstruyó la imagen del esplendor pasado e institucionalizó la cultura en la lengua propia.
El movimiento obrero catalán, dominado por el anarcosindicalismo, fue en general hostil a ese desarrollo. En Barcelona -“el Manchester mediterráneo”- la confrontación de clase fue muy aguda, tomando un carácter insurreccional en varias ocasiones. La pequeña burguesía y las capas medias entraron en la disputa por la hegemonía del catalanismo con sus propias organizaciones, y en los años veinte, después del apoyo de la gran burguesía catalana a la dictadura de Primo de Rivera, consiguieron arrebatarle la dirección del movimiento nacional, que tenía objetivos federalistas o confederales.
La República de 1931 se propuso la modernización y la reorganización del Estado en un contexto de crisis mundial y agudización de la lucha de clases. La autonomía de Cataluña, el País Vasco y Galicia pretendía romper con la asfixiante centralización e integrar de forma estable los territorios. Los sectores oligárquicos y sus aliados militares y fascistas no lo permitieron: la “unidad nacional” y la “paz social” fueron las dos banderas de la sublevación militar de 1936. La represión que siguió a la victoria se encarnizó con las organizaciones obreras y republicanas, pero también con los movimientos políticos y culturales nacionalistas.
En la oposición a la dictadura, las reivindicaciones democráticas y nacionales estuvieron unidas con fuerza. La izquierda, y sobre todo el Partido Comunista –PCE; PSUC en Cataluña-, que dominaba el movimiento obrero, estudiantil y democrático, incluía la autodeterminación en su programa de lucha. Las corrientes moderadas del nacionalismo catalán y los grupos intelectuales se aliaron con frecuencia a la izquierda en el combate común contra la dictadura.
El desarrollismo económico de los años sesenta, con una nueva ola de industrialización, se concentró sobre todo en zonas ya industriales y creó algunos focos nuevos. El fenómeno de la emigración rural cambió el país en dos décadas. La mano de obra depauperada de Andalucía, Extremadura, Castilla, Aragón se desplazó hacia los grandes núcleos urbanos. El área metropolitana de Barcelona –como la de ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao o Zaragoza- absorbió cientos de miles de trabajadores y sus familias.
En el pacto de la “transición”, la cuestión territorial tuvo una importancia determinante. Se restablecieron las instituciones suprimidas en 1936, pero la recomposición afectó a todo el mapa del país: se creó el llamado “Estado de las Autonomías”, una descentralización progresiva en un sentido federal, pero con el control financiero y político del aparato estatal. Y, por supuesto, negando cualquier derecho a la soberanía y la autodeterminación de esos territorios.
En Cataluña y Galicia el consenso constitucional tuvo éxito. En el País Vasco, en cambio, la existencia de una organización independentista armada (ETA), apoyada por una parte importante de la población, era un factor de inestabilidad preocupante para el Estado. En los tres casos, la derecha tomó la dirección de los nuevos gobiernos autónomos.
La derecha catalana
En el nuevo contexto de la organización del estado, Convergència i Unió(Convergencia y Unión, CiU) consiguió convertirse en el centro de la política catalana. Formada por dos partidos catalanistas de centro-derecha –de tradición demócrata-cristiana uno, liberal el otro-, su poder fue indiscutido durante dos décadas. Desde el hundimiento del PSUC a principios de los años ochenta, CiU solo encontró un rival de entidad: el PSC, los socialdemócratas catalanes federados al PSOE español, que lograron hacerse con el control del voto obrero y popular del área metropolitana de Barcelona –el llamado “cinturón rojo”- y muchas de las grandes ciudades. CiU dominaba en las ciudades medias del interior y las zonas rurales, además de tener una base importante en las capas medias de los grandes núcleos urbanos. La coalición de Pujol creó un poderoso entramado de poder autonómico. Además, fue el apoyo imprescindible de los gobiernos centrales de Felipe González y José María Aznar: “en interés de Cataluña”, fue una fuerza decisiva para la estabilidad política en Madrid, las reformas económicas neoliberales y la inserción de España en la Unión Europea. La burguesía catalana había encontrado un representante fiel, efectivo, de toda confianza.
El independentismo no consiguió arraigar en Cataluña. La izquierda nacionalista radical -que intentó sin éxito imitar la estrategia de los independentistas vascos, incluyendo la vertiente armada- quedó muy debilitada. Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de Cataluña, ERC) -el partido tradicional de la pequeña burguesía y de las capas medias, que había dirigido el nacionalismo catalán anterior a la guerra y que se movía entre el federalismo y el independentismo- nunca pudo desafiar la hegemonía del centro-derecha de Pujol. Es cierto que el independentismo no había muerto, pero no logró en estos años una organización política y un peso social capaz de enfrentarse al sólido bloque institucional, cultural y político del nacionalismo moderado. El poder autonómico en Cataluña, dirigido por Pujol y CiU, y su posición en la política estatal, no carecía de contradicciones: para una gran parte de sus propias bases, el gobierno central -y sobre todo, el gobierno de la derecha en Madrid- seguía siendo un poder hostil, dispuesto constantemente a limitar las aspiraciones catalanas.
Los resultados electorales de CiU se fueron erosionando desde finales de los años noventa. Entre 2003 y 2010 hubo dos pactos de gobierno entre PSC, ERC y IC-EUiA –una coalición de izquierda reformista, nacida de los restos del PSUC. En Cataluña, Maragall y después Montilla encabezaron gobiernos vagamente reformistas, al modo de los del también socialdemócrata Zapatero. El objetivo era neutralizar el dominio de CiU entre las capas medias urbanas. El medio que intentaron fue redefinir las relaciones entre el Estado español y Cataluña en un sentido federal. El Estatut d’Autonomia aprobado en el Parlamento catalán en 2005 atendía las principales demandas del nacionalismo: reconocimiento de Cataluña como nación, afirmación del catalán como lengua propia, cambios en la financiación autonómica. El pacto entre PSOE, como partido del gobierno del Estado, y el bloque del nacionalismo -CiU y ERC- y la izquierda –PSC e IC-EUiA- catalanes era un hecho. Pero su camino fue tortuoso: una parte del PSOE dudó desde el principio de la constitucionalidad del texto, fue aprobado en el Parlamento español con cambios importantes después de acuerdos entre los dirigentes y, finalmente, el Tribunal Constitucional rechazó la legalidad deartículos fundamentales.
El auge del independentismo en Cataluña y el gobierno de Artur Mas
En junio de 2010 una gran manifestación en repudio de la decisión del tribunal llenó las calles de Barcelona con una consigna central: “Som una nació, nosaltres decidim” (“Somos una nación, nosotros decidimos”). Era el inicio del movimiento soberanista de masas. Unos meses después, CiU ganaba las elecciones autonómicas y formaba un nuevo gobierno en minoría. Los tres partidos del anterior gobierno perdían una gran cantidad de votos.
La crisis económica golpeaba con dureza en Catalunya, como en todo el Estado: cierre de miles de empresas, reestructuración del sector bancario, enorme desempleo, recortes presupuestarios, deterioro del sistema público de salud. Junto a las huelgas y las grandes movilizaciones delos trabajadores del sector público, la contestación tomó su forma más llamativa en el conocido movimiento de los indignados, que ocupó las plazas del país en la primavera de 2011. La contestación popular ha incluido el cuestionamiento del conjunto del sistema político, laforma y la organización del estado. En Catalunya, las respuestas a la crisis han estado indisolublemente unidas al debate territorial, a la relación con el Estado.
El proyecto tradicional de la burguesía catalana y de sus representantes políticos ha sido una inserción más beneficiosa en el Estado Español. Su horizonte es el pacto fiscal con el Estado y una ampliación de la presencia directa en la Unión Europea. CiU ha respondido a ese interés con total fidelidad. Para esta clase, como para la pequeña burguesía, el presupuesto estatal y autonómico es el terreno de disputa principal. Las privatizaciones o las reformas de las relaciones laborales no han encontrado nunca contestación en estos sectores. Los conflictos con el gobierno estatal se han producido por el reparto de los recursos y las relaciones de fuerza en el poder económico, como se ha comprobado en los cambios en el mercado energético o la reorganización del sector financiero.
El escenario, sin embargo, se transformó desde 2008. La crisis ha debilitado enormemente la capacidad del Estado para mantener el equilibrio regional. Las autonomías, sin recursos presupuestarios, son incapaces de mantener los servicios públicos; el endeudamiento es opresivo. Era el momento para que se extendiera la demanda de un reparto más beneficioso para los intereses de las autonomías que más ingresos aportan al Estado. En Cataluña esta ha sido una demanda central: se considera que el sistema de distribución es injusto respecto a Cataluña y se ataca al Estado central y a otras comunidades autónomas, a los que se reprochasu ineficiencia y atraso. Ese discurso ha tenido una secuela chovinista hacia los trabajadores de otras comunidades -la contrafigura del anticatalanismo en el espejo- que ha encontrado eco en una parte de las bases nacionalistas y es un aspecto que la izquierda debe combatir.
Los argumentos nacionalistas -económicos, políticos, de identidad nacional- se concentraron en un lema, en una reivindicación central: el derecho a decidir.
La manifestación de junio de 2010 tuvo una prolongación también masiva el 11 de septiembre de 2010, 2011 y 2012. El movimiento -vertebrado por dos organizaciones ciudadanas soberanistas, próximas a los partidos nacionalistas- estaba sin duda en crecimiento. En diversas ciudades se organizaron consultas ciudadanas informales; las bases de CiU pasaban masivamente a la reivindicación de la independencia; en las elecciones de 2010, una nueva organización independentista –creada por disidentes de CiU y ERC- consiguió representación parlamentaria;ERC daba un giro, rechazaba su anterior política de gobiernos de coalición con el PSC y tomaba un camino abiertamente independentista; las Candidatures d’Unitat Popular (CUP, izquierda independentista) avanzaron en las elecciones locales de 2011; las encuestas informaban de un crecimiento muy claro delos partidarios de la secesión.
La apuesta de Artur Mas, presidente del gobierno catalán, fue dirigir el movimiento por los raíles institucionales: convocó nuevas elecciones autonómicas y se comprometió a convocar una consulta si conseguía apoyo popular suficiente. Era una apuesta arriesgada para el partido del gobierno catalán, pero es probable que fuera la única posible si no quería verse desbordado por el movimiento. CiU ganó las elecciones, pero perdió 12 diputados, prácticamente los que ganó ERC, que dobló su resultado. El gobierno de CiU consiguió el apoyo de ERC, pero la condición fue preparar la celebración de la consulta.
Comenzó entonces una lenta tarea legislativa que ha conducido a los hechos de las últimas semanas: declaración de soberanía por parte del Parlament de Catalunya, preparación de una ley de consultas y, finalmente, la convocatoria de una consulta no refrendaria el 9 de noviembre. La reacción del Estado fue inmediata: impugnación del decreto por parte del gobierno central y suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional.
Dos soberanías
Estamos, pues, en un momento de confrontación aguda entre el Estado español, por un lado, y el Govern y una parte muy importante de la población catalana, por otro. En Cataluña hay una mayoría indiscutible que apoya la celebración de la consulta: independentistas, pero también no independentistas que defienden el derecho del pueblo catalán a decidir la relación que desea establecer con el resto del Estado.
Una consulta, hay que decir, que no obliga a nada, sin carácter vinculante. Una consulta que plantea dos preguntas y en la que la interpretación del resultado queda abierta. Una consulta, por tanto, muy alejada de un genuino referéndum de autodeterminación.
El gobierno catalán de Artur Mas ha subrayado que la consulta y todo el proceso deben realizarse de forma legal, respetando los procedimientos democráticos, en primer lugar las leyes catalanas, pero es obvio que sobre ellas está la sombra de la Constitución española. Tal como fue redactado, el decreto de convocatoria intenta ponerse bajo esa sombra, para “ponérselo difícil” al gobierno español y al Tribunal Constitucional, como dijo Mas. Sin pizca de ironía -y con toda la razón- también afirmó horas después de la decisión del tribunal que cualquier confianza era ilusoria, teniendo en cuenta la composición política de la institución.
La posición del gobierno español es clara: la Constitución es el límite de toda negociación y aquella solo admite la existencia de una nación, la española, y de una soberanía, la del conjunto del pueblo español. Junto al gobierno se agrupa su partido, el Partido Popular, con mayoría absoluta en el parlamento, y un poder local y regional enorme. En ese campo están también otras formaciones parlamentarias o extraparlamentarias que piden más dureza, si es necesario, contra Mas.
El PSOE ha mostrado su completo apoyo a Rajoy y el orden constitucional, aunque critica la incapacidad del presidente para negociar y propone un federalismo que por ahora convence a pocos. Sus compañeros catalanes del PSC están en una crisis profunda: en 2012 obtuvo los peores resultados de la historia, ha sufrido varias escisiones de sectores soberanistas, la pérdida de cuadros y apoyo local.
La fecha del 9 de noviembre está muy cercana. No es probable que el Tribunal Constitucional haga pública una sentencia definitiva antes de esa fecha; mientras, el decreto de convocatoria está suspendido. Cualquier actividad de información oficial o preparación de la consulta será considerada por el Estado como una ilegalidad que puede tener consecuencias jurídicas graves. Si en las próximas semanas no hay un giro -también improbable- que conduzca a la negociación, solo hay dos posibilidades: o la retirada de la consulta y la convocatoria de elecciones autonómicas, excepcionales en la práctica, con carácter de plebiscito, o la desobediencia al Estado y la celebración ilegal de la consulta.
Lo que ocurra en las próximas semanas es impredecible. Si el movimiento independentista percibe concesiones de Mas, el giro electoral hacia ERC es inevitable. Pero este partido se encontrará con los mismos dilemas que Mas y CiU. Puede ser entonces el momento de la ruptura con la vía institucional y la radicalización masiva.
La izquierda y el derecho de autodeterminación
Las dificultades de la izquierda catalana para situarse de forma correcta en este momento de crisis pueden ejemplificarse con las palabras pronunciadas por el portavoz de las CUP en el parlamento catalán: dirigiéndose al President, ofreció “mà estesa per la autodeterminació, el puny tancat contra les retallades” (“mano tentida para la autodeterminación, el puño cerrado contra los recortes”). Es una fórmula vistosa, pero políticamente comprometedora.
Y es que CiU, desde el Govern, ha aplicado las mismas medidas que el PP en Madrid o en cualquiera de las autonomías en que gobierna. Mas no solo ha hecho “recortes” (restricciones presupuestarias que afectan al gasto público en educación, sanidad y servicios sociales). Ha privatizado. Ha reprimido los movimientos de protesta. Ha callado sobre la corrupción en sus filas. La izquierda se verá desarmada si no acierta en la caracterización de la coyuntura y en la política necesaria. El curso soberanista de la derecha catalana responde a una necesidad urgente de reubicación en un período de crisis económica y política en el Estado español y en Europa. Es falso que, como dijo el conseller de economía, los recortes sean una imposición al Govern porque el Estado no acepta un pacto fiscal que proporcione más presupuesto a la Generalitat. Una Cataluña independiente gobernada por CiU habría realizado la misma política. Los problemas no vienen porque “Espanya ens roba” (“España nos roba”), como se afirma desde un sector del nacionalismo.
Si Mas se ha visto obligado a situarse al frente del movimiento soberanista por la propia dinámica de unos acontecimientos que excedieron la previsión de la derecha nacionalista, también es cierto que no puede romper con los intereses de la burguesía catalana, bajoriesgo de deshacer los equilibrios de poder. Es decir, estamos ante una recomposición de la representación política burguesa. La tensión en el seno de CiU lo demuestra. En este sentido, tienen razón los comentaristas de los medios de comunicación hostiles a Mas: está atrapado en la lógica de un desarrollo extraordinariamente complejo. No son menores los problemas para el gobierno de Rajoy. Cualquier concesión pondrá en crisis a su partido y reavivará los intentos de construir una alternativa a la derecha del PP. El asunto catalán es un elemento más en la lenta maduración de la crisis del régimen político, que entre otros resultados ha producido el cambio en la Corona.
La hostilidad a la consulta por parte del gobierno de Rajoy y la puesta en marcha del aparato del Estado para ahogar las legítimas aspiraciones del pueblo catalán no pueden ser, desde un punto de vista anticapitalista,la justificación de una política de unidad nacional catalana.
Hasta ahora, el bloque entre la Assemblea Nacional Catalana -la organización social de masas a favor del derecho a decidir-, CiU y ERC ha utilizado la movilización como simple apoyo a las decisionesde Mas. La CUP ha renunciado a una política propia; es, de hecho, el ala izquierda de ese bloque nacional. Sin iniciativa propia, se ha limitado a presentarse junto a ERC como el sector intransigente que empuja hacia la realización de la consulta y la desobediencia a la ley española. Sin embargo, nada ha dicho sobre cómo se organizaría la resistencia. Es más, en este largo período, ha renunciado a una movilización autónoma de la juventud independentista y anticapitalista, que constituye su base.
Una política anticapitalista consecuente no puede limitarse a la vigilancia de los pasos de Mas. Debe plantear los dilemas del momento en términos clasistas, para no perder de vista el carácter de las fuerzas que dirigen el proceso en curso. Deberíaorganizarse en los barrios obreros, entre la inmigración, entre la juventud combativa, entre los trabajadores no nacionalistas, expuestos a la influencia de los partidos reaccionarios contrarios a la autodeterminación. Debe proponer un proyecto propio de ruptura con el Estado monárquico y la Unión Europea, una salida anticapitalista a la crisis. Y unirse a los trabajadores de los demás pueblos del Estado, única posibilidad de triunfo.
En el resto del Estado domina en la izquierda una cierta incredulidad y la pasividad más vergonzosa. El hecho de que la derecha catalana esté al frente del proceso sirve como excusa para la inacción. No es suficiente con hacer declaraciones, dentro o fuera del parlamento, sobre el derecho de los catalanes a votar. Más preocupada por levantar candidaturas para las próximas elecciones locales y autonómicas, la izquierda no ha dado ni un paso para construir un movimiento que apoye sin condiciones la autodeterminación en Cataluña y que se pronuncie por la constitución de una República Catalana que decida libremente qué relación quiere mantener con el resto de pueblos del Estado, un movimiento que vincule la libertad nacional con la lucha contra la Monarquía, contra el pago de la deuda, con un programa que atienda las necesidades básicas de la clase trabajadora y los sectores populares golpeados por la crisis. La necesidad urgente es agrupar a los trabajadores en torno a ese programa.
Barcelona, 5 de octubre de 2014